Edmund Burke y la responsabilidad social
Edmund Burke (1729-1797), ofrece una reflexión recogida bajo el epígrafe «Moral Levellers» en selecciones de sus discursos y escritos: «Entre un pueblo generalmente corrompido, la libertad no puede existir durante mucho tiempo.» Burke introduce un elemento incómodo porque desplaza parte de la responsabilidad desde los gobernantes hacia la sociedad. Es fácil imaginar la corrupción como una enfermedad exclusiva de las élites políticas. Pero ningún sistema corrupto de grandes dimensiones puede mantenerse indefinidamente sin redes de colaboración social. Alguien paga el soborno, alguien falsifica el documento, alguien conoce la irregularidad, alguien obtiene el contrato y alguien decide guardar silencio. Cuando esas conductas dejan de producir rechazo y empiezan a considerarse normales, la corrupción se transforma en cultura.
La libertad necesita ciudadanos capaces de exigir responsabilidad, respetar normas y rechazar privilegios incluso cuando podrían beneficiarse personalmente de ellos. Una sociedad que condena el nepotismo del adversario y celebra el propio termina debilitando las bases morales de su democracia. La corrupción generalizada destruye además la confianza interpersonal, imprescindible para el funcionamiento de instituciones complejas. El ciudadano termina sospechando que todo éxito es resultado de influencias y toda decisión pública esconde algún interés. Burke recuerda así que preservar la libertad requiere instituciones honestas, pero también una cultura ciudadana incompatible con la corrupción cotidiana.
Tácito y la hiperregulación
Publio Cornelio Tácito (ca. 56-ca. 120), en el capítulo 27, libro III, de sus Annales, obra redactada aproximadamente entre 110 y 120 d.C., anticipa: Corruptissima re publica plurimae leges («Cuanto más corrupta es la República, más numerosas son las leyes»). Esta frase tiene casi dos mil años y resulta sorprendentemente moderna. Tácito observó que multiplicar las leyes no garantiza necesariamente una sociedad más justa. La hiperregulación puede ser incluso síntoma de que los principios elementales de responsabilidad han dejado de funcionar. Cada nuevo abuso genera entonces otra norma, otro procedimiento, otro formulario y otro organismo de control. Pero el corrupto profesional aprende rápidamente a desenvolverse dentro de esa complejidad. Incluso puede beneficiarse de ella, porque cuanto más complicado es un sistema, mayor es la necesidad de intermediarios y mayor la posibilidad de esconder decisiones.
La lucha contra la corrupción no consiste, por tanto, simplemente en producir legislación anticorrupción. Necesita normas claras, aplicables, fiscalizadas y acompañadas de consecuencias reales. Un Estado con miles de prohibiciones pero escasa capacidad para hacerlas cumplir puede ser menos eficaz que otro con pocas reglas inequívocas. Tácito anticipó así una paradoja política fundamental: la proliferación normativa puede convertirse en la máscara detrás de la cual continúa funcionando exactamente aquello que pretendía impedir.
Maquiavelo y los hábitos colectivos
Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (1469-1527), en Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (Discursos sobre la primera década de Tito Livio), redactados principalmente entre 1513 y 1519 y publicados póstumamente en 1531, recapitula: «Un pueblo corrupto que se hace libre sólo con grandísima dificultad puede conservar su libertad.» Maquiavelo comprendió que cambiar un régimen político es mucho más sencillo que transformar los hábitos adquiridos durante décadas.
Una democracia recién establecida puede heredar las redes clientelares, lealtades personales y formas de enriquecimiento del régimen anterior. Cambian las instituciones, pero permanecen las conductas. Esta observación resulta esencial para comprender las dificultades de muchas transiciones políticas contemporáneas. Celebrar elecciones no convierte automáticamente una sociedad en una democracia institucionalmente madura. Si continúan el nepotismo, el favoritismo, la compra de voluntades y la apropiación partidista de la administración, la corrupción puede adaptarse perfectamente al nuevo sistema. Incluso puede adquirir legitimidad electoral.
La libertad política requiere por ello algo más que constituciones: necesita costumbres democráticas y ciudadanos que consideren intolerable la utilización privada de lo público. Maquiavelo percibe la corrupción como una alteración profunda de los hábitos colectivos. Y esa intuición explica por qué reconstruir instituciones después de décadas de corrupción puede requerir generaciones.
Jean-Jacques Rousseau y el interés particular
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), en Du contrat social (El contrato social) (1762), entiende que «nada es más peligroso que la influencia de los intereses privados en los asuntos públicos.» Rousseau señala uno de los núcleos conceptuales de la corrupción moderna: la invasión del interés público por intereses particulares. Toda democracia necesita aceptar que ciudadanos, empresas y asociaciones poseen intereses legítimos.
El problema aparece cuando alguno de ellos adquiere capacidad desproporcionada para convertir su interés privado en decisión pública. Es la frontera entre representación y captura. Un empresario puede legítimamente defender los intereses de su empresa; lo problemático comienza cuando puede escribir la regulación que deberá cumplir su competencia. Un partido puede nombrar responsables políticos; la perversión comienza cuando considera toda la administración patrimonio del vencedor electoral. Un sindicato, asociación profesional o corporación puede defender a sus miembros; la corrupción institucional aparece cuando su capacidad de presión destruye el interés general.
Rousseau nos obliga a preguntar ante cualquier política pública: ¿quién obtiene realmente el beneficio? Esa pregunta continúa siendo uno de los mejores instrumentos intelectuales para detectar corrupción encubierta. Muchas decisiones aparentemente técnicas adquieren una interpretación completamente diferente cuando se identifica quién gana con ellas.