La corrupción posee una característica epidemiológica. Es contagiosa. Cuando alguien comprueba que otro se enriquece ilícitamente sin consecuencias, disminuye su propia resistencia moral. Si el superior lo hace, el subordinado encuentra una justificación. Si el partido contrario roba, el propio puede presentarlo como compensación. Si todos cobran, quien no cobra comienza a parecer ingenuo.

Las investigaciones conductuales analizadas por la OCDE muestran hasta qué punto las normas sociales y la conducta de nuestros semejantes condicionan las decisiones éticas. La impunidad funciona entonces como un agente infeccioso. Por eso combatir la corrupción exclusivamente mediante códigos éticos es ingenuo. Los códigos no sienten miedo. Las personas sí. Y una arquitectura anticorrupción eficaz necesita transparencia, trazabilidad, controles independientes, protección real de denunciantes, profesionalización administrativa, auditorías inteligentes, contratación pública abierta, declaraciones de intereses verificables, identificación de beneficiarios finales y una Justicia capaz de resolver procedimientos complejos en tiempos razonables.

La tecnología puede ayudar enormemente. Cruces automatizados de bases de datos, algoritmos para detectar patrones anómalos de contratación, trazabilidad digital del gasto y sistemas abiertos de información permiten descubrir relaciones que antes exigían años de investigación. Pero ninguna tecnología sustituirá algo mucho más elemental: la voluntad política de limitar el propio poder. Y ahí comienza la dificultad.

El corrupto perfecto

El corrupto más peligroso no es necesariamente quien roba más. Es quien consigue convencer a los demás de que aquello que hace es normal. Domina el lenguaje. Una comisión se convierte en «honorarios». El nepotismo en «persona de confianza». La puerta giratoria en «incorporación de talento». El amiguismo en «sensibilidad política». El despilfarro en «inversión estratégica». La propaganda en «comunicación institucional». La captura partidista en «normalidad democrática».

Las palabras limpian aquello que los hechos ensucian. Y cuanto más sofisticada es una sociedad, más sofisticado puede ser el vocabulario utilizado para ocultar sus abusos.

Los verdaderos genes de la corrupción

Quizá podamos regresar ahora al título. Los genes de la corrupción existen, pero no están escritos con las cuatro letras del ADN. Se llaman codicia, oportunidad, impunidad, narcisismo, tribalismo, clientelismo, silencio, miedo y autoengaño. Algunos pertenecen a nuestra psicología. Otros pertenecen a nuestras instituciones.

Y los más peligrosos aparecen cuando ambos grupos se encuentran. La naturaleza humana probablemente no cambiará demasiado. Siempre habrá personas intensamente ambiciosas, narcisistas, oportunistas o dispuestas a aprovechar una posición privilegiada. Por eso una democracia adulta no puede depender de la bondad de sus gobernantes. Debe depender de la calidad de sus instituciones.

James Madison (1751-1836), uno de los padres constitucionales estadounidenses, comprendió hace más de dos siglos la paradoja fundamental del poder: si los seres humanos fueran ángeles, los gobiernos no serían necesarios; y si quienes gobernasen fueran ángeles, tampoco serían necesarios controles sobre ellos. No somos ángeles. Por eso necesitamos controles. La corrupción no desaparecerá mediante discursos morales ni creando otra oficina burocrática. Disminuirá cuando robar resulte difícil, ocultarlo todavía más difícil y ser descubierto tenga consecuencias ciertas; cuando el mérito vuelva a valer más que la amistad; cuando un funcionario pueda denunciar sin destruir su carrera; cuando jueces, fiscales, policías, periodistas y organismos fiscalizadores puedan investigar al poderoso sin pedir permiso; cuando sepamos quién financia a quién, quién contrata con quién y quién termina beneficiándose de cada decisión pública.

Pero existe además una responsabilidad ciudadana. Porque la corrupción tiene dos protagonistas: quien ofrece y quien acepta. Y frecuentemente un tercero: quien sabe y calla. Una sociedad que condena al político que acepta una comisión, pero admira al empresario que consiguió enriquecerse pagándola, posee un problema moral. Una sociedad que denuncia el nepotismo del adversario y justifica el propio posee otro. Y una sociedad que solamente considera corrupción aquello que practica el partido contrario está empezando a perder sus defensas inmunológicas.

Quizá la batalla decisiva contra la corrupción no se libre en los tribunales. Empieza mucho antes. Se libra en la educación, en la familia, en la empresa, en la universidad, en los partidos, en las administraciones y en nuestra tolerancia cotidiana hacia pequeñas formas de deshonestidad. Porque ningún país está genéticamente condenado a ser corrupto. Pero ninguno está genéticamente protegido contra la corrupción.

Las instituciones son el epigenoma de la democracia: pueden silenciar nuestras peores tendencias o facilitar su expresión. Y cuando una sociedad permite durante demasiado tiempo que se expresen la codicia, el clientelismo y la impunidad, acaba ocurriendo algo mucho más grave que el robo de dinero público.

Se corrompe la idea misma de lo público. Entonces el ciudadano deja de considerar el Estado como algo que le pertenece y comienza a contemplarlo como un botín disputado por grupos rivales. Y cuando eso sucede, la corrupción deja de ser simplemente un delito. Se convierte en cultura. Ese es el momento verdaderamente peligroso. Porque encarcelar a un corrupto es relativamente sencillo. Descorromper una cultura puede necesitar generaciones.