La corrupción es probablemente una de las enfermedades más antiguas de la civilización. Cambian sus nombres, sus métodos y sus protagonistas, pero conserva una sorprendente estabilidad histórica. Allí donde aparece una estructura de poder surge también alguien dispuesto a utilizarla en beneficio propio. Donde existe dinero público aparece la tentación de apropiárselo. Donde alguien tiene capacidad para conceder un permiso, adjudicar una obra, perdonar una deuda, modificar una ley o favorecer una carrera profesional, existe la posibilidad de que esa facultad deje de ejercerse en beneficio de la comunidad y comience a utilizarse como mercancía.

La definición más aceptada es sencilla: corrupción es el abuso del poder encomendado para obtener un beneficio privado. Puede tratarse de dinero, pero también de influencia, empleo, contratos, información privilegiada, favores, protección, poder político, promoción profesional o impunidad. La corrupción no necesita siempre un sobre lleno de billetes. A veces basta una llamada telefónica.

La pregunta inquietante es otra: ¿por qué se corrompe el ser humano? ¿Hay algo en nuestra naturaleza que nos empuja hacia ello? ¿Existe una personalidad corrupta? ¿Puede haber una predisposición biológica? ¿Por qué algunas sociedades mantienen niveles relativamente bajos de corrupción mientras otras parecen incapaces de escapar de ella? ¿Por qué personas aparentemente respetables terminan apropiándose de aquello que juraron administrar? Hablar de «los genes de la corrupción» es, naturalmente, una metáfora. Pero no una metáfora completamente inocente.

Una enfermedad tan antigua como el poder

La corrupción no nació con los partidos políticos, los ayuntamientos ni las democracias modernas. Nació probablemente cuando un ser humano adquirió autoridad sobre otro. En las primeras civilizaciones encontramos ya leyes contra funcionarios deshonestos, jueces sobornados y administradores que se apropiaban de bienes públicos. Hammurabi (ca. 1810-1750 a. C.) incluyó en su célebre código disposiciones destinadas a castigar abusos de jueces y funcionarios. En Grecia, la compra de voluntades políticas era suficientemente conocida como para preocupar a filósofos y legisladores. Aristóteles (384-322 a. C.) comprendió algo esencial: las instituciones debían diseñarse de forma que los cargos públicos no pudieran convertirse fácilmente en instrumentos de enriquecimiento.

Roma convirtió la corrupción en una de las grandes patologías de su sistema político. Gobernadores que saqueaban provincias, compra de votos, clientelismo, tráfico de influencias y enriquecimiento mediante cargos públicos formaban parte de la vida política de la República tardía. Marco Tulio Cicerón (106-43 a. C.) convirtió algunos procesos por corrupción en piezas maestras de la oratoria judicial.

La Edad Media tampoco fue precisamente un laboratorio de transparencia. Cargos comprados, privilegios concedidos a cambio de dinero, recaudadores abusivos, nepotismo y simonía muestran que cuando las fronteras entre patrimonio público y patrimonio privado son débiles, la corrupción encuentra un terreno extraordinariamente fértil. El nacimiento del Estado moderno no eliminó el problema. Lo sofisticó.

Con la expansión colonial apareció además una corrupción transnacional asociada a concesiones comerciales, monopolios, extracción de recursos y compra de autoridades locales. La industrialización incorporó nuevas oportunidades: ferrocarriles, minas, petróleo, banca, armamento y grandes infraestructuras. Y el siglo XX añadió ingredientes formidables: presupuestos públicos gigantescos, contratación militar, partidos de masas, financiación electoral, empresas multinacionales, paraísos fiscales y sistemas financieros capaces de desplazar millones en segundos. La corrupción evolucionó con la civilización. Hoy puede viajar mediante una transferencia electrónica, ocultarse detrás de una sociedad instrumental y reaparecer en otro continente convertida en una propiedad inmobiliaria perfectamente legal.

¿Dónde se concentra la corrupción?

No existe un «pueblo corrupto» por naturaleza. Existen instituciones más o menos vulnerables a la corrupción. Esta distinción es fundamental. El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparency International evaluó 182 países y territorios utilizando una escala de 0 -corrupción pública percibida extremadamente elevada- a 100 -niveles percibidos muy bajos-. Los peores resultados se concentran nuevamente en Estados con instituciones débiles, guerras, autoritarismo, pobreza extrema o grave deterioro del Estado de derecho. Entre las posiciones finales aparecen Sudán del Sur, Somalia, Venezuela, Yemen, Libia, Eritrea, Sudán, Nicaragua y Siria.

No es casualidad. La corrupción prospera donde el poder dispone de pocos contrapesos; donde jueces y fiscales carecen de independencia; donde la prensa puede ser intimidada; donde las administraciones dependen de fidelidades personales; donde resulta difícil conocer quién posee una empresa; donde la contratación pública es opaca; donde denunciar supone arruinarse profesionalmente; y, especialmente, donde existe la convicción colectiva de que los poderosos nunca pagan.

En el extremo contrario suelen aparecer democracias con administraciones profesionales, altos niveles de transparencia, prensa libre, sistemas judiciales eficaces y fuerte control social del poder. La lección es incómoda pero esperanzadora: la corrupción no es un destino cultural inevitable. Es, en gran medida, un producto institucional.